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"La empresa no tiene autorización para funcionar ni la ha tenido nunca", ha sentenciado el abogado de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan, Albert Calduch, que llevan años de litigio con la empresa. La alcaldesa del municipio, Laura Campos, ha exigido la actuación de forma "urgente" del ejecutivo catalán para dar cumplimiento a la resolución judicial y ordene el cierre "inmediato" de la actividad.
El Supremo ratifica que las licencias de la cementera Lafarge de Montcada son nulas
Con este titular en prensa se despertaban en Montcada a fecha de de 9 de abril de 2021.
Fue el propio Ayuntamiento de Montcada i Reixac quien, en primer instancia mostró su satisfacción por la inadmisión del Tribunal Supremo (TS) de los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña y la empresa Lafarge contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) – del 2019 y del 2020-, que declaraban nula la autorización de la actividad y su adecuación ambiental integrada (AAI). Según la resolución judicial, la AAI se concedió el 2015 en base a una declaración de impacto ambiental dictada en 2008 totalmente obsoleta y las modificaciones posteriores a esta fecha -hechas 2015 y al 2017- también quedan, por tanto, anuladas.
‘Hoy es un gran día, para la salud de la ciudadanía y por la calidad del aire de nuestra ciudad’, manifestaba la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, en la rueda de prensa de valoración de la sentencia , celebrada ese mismo viernes, 9 de abril, y que habían convocado conjuntamente el consistorio, la AV Can Sant Joan y la Plataforma Antiincineración. Los colectivos vecinales llevan desde 2008 luchando contra la actividad de Lafarge, por la vía judicial y por la vía de la movilización. ‘Agradecemos profundamente la lucha de Can Sant Joan, por no desfallecer nunca, y mostramos nuestra satisfacción por la inadmisión de los recursos de casación por parte del Supremo’, indicó Campos.
Concretamente, el TS ha rechazó, por una parte, el recurso de casación de Lafarge y la Generalidad de Cataluña contra la sentencia del TSJC de 2019, a raíz el proceso interpuesto del AV Can Sant Joan contra la licencia ambiental. La otra decisión del Supremo fue rechazar el recurso de casación de la cementera y el gobierno catalán contra la sentencia del TSJC de 2020, que daba la razón al Ayuntamiento de Montcada i Reixac en un recurso contencioso administrativo que interpuso el 2018 contra la renovación de la autorización ambiental a Lafarge.
Ante estos dictámenes, la alcaldesa manifestó que ‘desde el Ayuntamiento exigimos a la Generalitat, única responsable de la inseguridad jurídica con la que vive la empresa, que paralice la actividad a Lafarge y que explique con detalle qué hará para dar cumplimiento a la sentencia ‘. No obstante, la edil mostró la preocupación del consistorio sobre el futuro de la plantilla de la factoría e instó a la dirección de la cementera y al gobierno de la Generalitat a liderar la negociación para garantizar el futuro laboral del personal.
La alcaldesa expresó que las sentencias llegaban en un momento en que están cambiado los paradigmas sociales respecto al medio ambiente y cada vez hay más concienciación ciudadana en este sentido. ‘La lucha contra el cambio climático es un reto de todos e instalaciones como Lafarge, situada a sólo 120 del núcleo urbano, ya no tienen ningún sentido’. La edil aprovechó, ya entonces, para pedir a la Generalitat un plan de reconversión de las cementeras, proponiéndole que aproveche la convocatoria de proyectos para financiar con los fondos del programa europeo Next Generetion.
El presidente de la AV Can Sant Joan y portavoz de la Plataforma Antiincineración, José Luis Conejero, manifestó que después de 100 años sufriendo la presencia de una de las empresas más contaminantes de Cataluña, su cierre es un alivio para Montcada i Reixac y el Área Metropolitana de Barcelona, ya que el cese de la actividad es más efectivo en materia de prevención de la contaminación que otras medidas ‘. El representante vecinal repasó la lucha del colectivo que representa en contra de la actividad de Lafarge y espera que la multinacional acate la sentencia.
El abogado del colectivo vecinal, Albert Calduch, indicó que esta sentencia finaliza un largo proceso administrativo iniciado por serie de irregularidades e ilegalidades vinculados a la actividad de la empresa Lafarge ‘. El letrado indicó que la Generalitat ha actuado por interés de la empresa y no de la ciudadanía, haciéndose servir de subterfugios legales para mantener la actividad de la cementera; Lafarge no tiene autorización ambiental en Montcada i Reixac, ni la ha tenido nunca, y no puede funcionar al ser una actividad ilegal ‘, y precisamente, amparándose bajo esos subterfugios en los que en la asamblea celebrada con posterioridad a la fecha de la sentencia, cuando la empresa descarta una vez más que se vaya a llevar a cabo el cese de la actividad.
▪️ Lafarge descarta el cierre
Desde la firma francesa se ha descartado el cierre de la cementera y lo ha argumentado porque no disponer de esta autorización no quiere decir que la empresa no pueda operar, sino que es el resultado "de un defecto" en el trámite por parte de la Generalitat”, que en ningún caso supone el cese de la actividad.
Asimismo, añadió que el comportamiento ambiental de la empresa no es problemático, que cumple con los límites de emisiones y que no tiene ningún defecto técnico ni en sus instalaciones. La compañía ha añadido que emplea a 300 personas, tanto de forma directa como indirecta. Del mismo modo, ha señalado que contactará con la Generalitat para tramitar la autorización ambiental y solucionar el conflicto.
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Fuente: Revista del Valle, Sequoyah Press
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